Venezuela en “custodia”: cuando la democracia llega escoltada por portaaviones

Entre la justicia y el petróleo, Washington vuelve a confundir transición con administración ajena. En política internacional no hay gestos inocentes ni frases improvisadas. Cuando el presidente de Estados Unidos anuncia que “se hará cargo” de otro país, no está ofreciendo ayuda: está definiendo jerarquías. Lo ocurrido en Venezuela obliga a separar el discurso moral del cálculo estratégico y a preguntarse si estamos ante un acto de justicia internacional o frente a otro episodio clásico donde el poder se disfraza de salvación. ANÁLISIS GEOPOLÍTICO Y ECONÓMICO Estados Unidos anunció, a través del presidente Donald Trump y de información difundida por agencias internacionales, la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro tras una operación militar en Caracas, así como el inicio de un periodo de “transición” en el que Washington, según palabras textuales del mandatario estadounidense, “se hará cargo” de Venezuela. En términos estrictamente diplomáticos, la expresión no es menor. Hacerse cargo de otro Estado implica asumir funciones que corresponden a la soberanía nacional, algo que en el lenguaje del derecho internacional no suele describir un proceso democrático, sino una tutela política de facto. HECHOS VERIFICABLES Y DISCURSO POLÍTICO Los hechos reportados hasta ahora indican que la acción estadounidense se justificó en acusaciones penales emitidas por el propio Departamento de Justicia de Estados Unidos, particularmente por delitos relacionados con narcotráfico y terrorismo. Estas acusaciones, si bien son graves, no han sido ventiladas en instancias judiciales internacionales ni acompañadas —hasta el momento— de un mandato multilateral explícito. El discurso que acompaña la operación es conocido: libertad, justicia, paz y bienestar para el pueblo venezolano. El análisis económico y geopolítico obliga a ir más allá de esa narrativa. CUANDO EL PRECEDENTE PESA MÁS QUE LA RETÓRICA Sin establecer equivalencias automáticas —porque cada contexto histórico es distinto—, resulta metodológicamente válido recordar que intervenciones previas de Estados Unidos, justificadas en términos morales o de seguridad, han derivado en procesos prolongados de administración externa, reconfiguración económica y dependencia estructural. Panamá, Irak o Libia no son idénticos a Venezuela, pero sí ilustran patrones de actuación. En todos los casos, el lenguaje inicial prometía rapidez; los resultados, en cambio, fueron de largo plazo. LA LEGALIDAD EN ZONA GRIS Hasta ahora no se ha hecho pública una resolución expresa del Consejo de Seguridad de la ONU que autorice el uso de la fuerza en Venezuela. Tampoco existe evidencia de un acuerdo regional que respalde formalmente la intervención. Esto no constituye, por sí mismo, una declaración definitiva de ilegalidad —esa valoración correspondería a instancias internacionales—, pero sí coloca la operación en una zona jurídica ambigua, donde la experiencia demuestra que el poder suele imponerse a la norma. ECONOMÍA POLÍTICA DE LA INTERVENCIÓN Venezuela concentra algunas de las mayores reservas probadas de petróleo del planeta, además de gas natural, minerales estratégicos y una posición geográfica clave en el Caribe. Reconocer que estos factores forman parte del cálculo estratégico no implica afirmar un motivo único, pero sí admitir una constante histórica: los recursos nunca son neutrales en la política exterior de las potencias. Desde una perspectiva económica, cualquier proceso de “transición” implica redefinición regulatoria, reasignación de contratos y, con frecuencia, endeudamiento para la reconstrucción, una factura que rara vez pagan quienes deciden la intervención. EL PUEBLO COMO PROMESA FUTURA En los comunicados oficiales, el pueblo venezolano aparece siempre como beneficiario potencial. El presente, sin embargo, queda bajo administración externa, una fórmula que en la experiencia comparada suele retrasar —no acelerar— la autonomía política y económica. Y el remate final: A juzgar por la historia, cuando Estados Unidos dice que “se hará cargo”, conviene revisar el inventario, leer la letra pequeña y esconder la vajilla. Las transiciones tuteladas rara vez devuelven llaves completas: entregan gobiernos nuevos con candados viejos y facturas en dólares. Tal vez Maduro debía irse. Pero cuando la democracia aterriza en helicóptero y se administra desde un buque de guerra, no es emancipación: es un cambio de gerente. Y en ese tipo de operaciones, el petróleo nunca vota… pero siempre decide.