Tarifazo no, servicio público sí

Pablo Lemus responde con acciones concretas y efectivas a quienes lo eligieron: los empresarios. El alza del transporte público por medio de un “consejo técnico” deja mucho que desear en términos de representación, interés general y gobernanza, en donde deja muchas dudas, y serias evidencias de que quien gobierna son los empresarios, y quien pone el nombre y aparece en las redes haciendo de influencer es el personaje llamado “Pablo Lemus”, quien destaca el carácter financiero de la tarjeta que va a gestionar el subsidio que otorgará el gobierno del estado al aumento en un bonito comercial para sus redes sociales. No es raro. El amasiato de los empresarios del transporte con los gobiernos del estado de Jalisco es histórico, desde los tiempos de su cacique emblemático, Heliodoro Hernández Loza, y el líder empresarial Clodomiro Martínez, quienes dominaron durante décadas el panorama del transporte público, visto como un negocio, y que no dudaban en oponerse al interés general y a la economía popular cuando se trataba de ganar dinero, la génesis de los problemas de movilidad se la debemos a un empresario voraz y ambicioso, y a un líder sindical que ponía sus intereses políticos por sobre todo, incluso sobre los derechos de sus trabajadores. La estafeta de ambos quedó en personajes más o menos parecidos, que aún cuando fue implementado el modelo Ruta-empresa no dejan de tener influencia en la toma de decisiones del gobierno del estado en la materia, ahora por medio del cuestionable método de un “consejo técnico”, supuestamente representativo de usuarios, transportistas y empresarios, y que asegura su dominio en el tema mediante el mayoriteo de votos al interior de éste. Los actores han cambiado, pero no los métodos. En 2006, cuando fallece Clodomiro Martínez, la dirigencia de la Alianza de Camioneros, el principal bastión empresarial y patronal, queda en manos de Jorge Higareda, y a su muerte en manos de su hijo, Hugo Higareda, quien le hace el honor al padre al conseguir por otros 10 años la concesión del Macrobús Calzada, y detentar la mayoría accionaria de la operadora “Peribus Metropolitano” por lo menos quince años, pese a las irregularidades que han enfrentado sus empresas: el supuesto uso de huachicol, las alcancías perdidas de la ruta 380, y el destino de los cincuenta centavos de “las alcancías rateras”, por alguno de estos asuntos Higareda y su hermano alguna vez fueron vinculados a proceso. Nadie dice que este esquema de negocios sea ilegal, pero suda inmoralidad por todas partes: 1. La articulación de políticas públicas de servicios prioritarios con la iniciativa privada, sin diversificar y manteniendo el fortalecimiento de monopolios encubiertos. 2. La falta de transparencia y representación en el Comité técnico tarifario, controlado por figuras afines al empresariado camionero. 3. Los vínculos entre poder económico y poder político, específicamente en el caso de Diego Monraz, secretario de Transporte y los hermanos Higareda, líderes de la Alianza de Camioneros, a los que ha beneficiado desde su llegada a la administración pública en 2009 como funcionario. 4. La complejización de la Zona Metropolitana de Guadalajara, y de otros centros urbanos en ciudades medias, y la falta de respuesta real, y de una perspectiva de servicio público antes que de un negocio para unos cuantos. 5. La inclusión del mercado financiero en el sector de los apoyos sociales, otorgando beneficios al sector privado, y condicionando el subsidio a quienes utilicen la “tarjeta única”, marginando a quienes decidan no tenerla o no puedan tramitarla. Lo mínimo a lo que estamos obligados es a informarnos y saber cuáles son las dinámicas empresariales que están por delante de los servicios públicos prioritarios, como la salud, el transporte y la educación, ya que estas dinámicas tienen un nuevo administrador y CEO, Pablo Lemus, cara visible y principal actor de los infomerciales que nos hablan más de un Jalisco S.A., un Jalisco para clientes, y menos de un Jalisco libre y soberano para las y los jaliscienses.