¿La justica en México depende de cómo se vistan los ministros?

El próximo presidente de la Suprema Corte irrumpió en la escena mediática con la propuesta de eliminar la obligatoriedad del uso de la toga para ministras y ministros, lo cual ha desatado polémica en diversos sectores de la sociedad, incluso al interior de morena. Algunos han llegado a decir que la toga es “el corazón del Estado de Derecho”, mientras que la postura contraria la ve como un símbolo de lejanía y elitismo. ¿Qué tanto importa realmente la vestimenta de un ministro para la administración de justicia, para la resolución de conflictos o para la defensa de los derechos humanos? Lo cierto es que la toga es un símbolo, y es un hecho que los símbolos siempre han tenido una enorme importancia en las relaciones humanas y en la conducta del homo sapiens. Pero entonces, cuál es el símbolo que requiere hoy nuestra sociedad en el Poder Judicial, ¿ese que ya tenemos, o uno renovado? La toga judicial tiene su origen en la Europa medieval y se consolidó como parte del atuendo de jueces en sistemas jurídicos que buscaban transmitir solemnidad, autoridad e imparcialidad. Su uso pretendía establecer una barrera visual entre la persona y la función, proyectando la idea de que no es el individuo quien habla, sino la ley. En teoría, la toga es un símbolo de neutralidad, de disciplina profesional, de respeto a las normas y al debido proceso. Pero como todo símbolo, su significado no es estático: se transforma con el tiempo y con las prácticas de quienes lo adoptan como estandarte. En la realidad mexicana, el Poder Judicial ha encarnado la lejanía entre la justicia y el pueblo, la burbuja de una élite dorada que se autoprotege y se autorreproduce, que no inspira confianza, sino que refuerza la percepción de una justicia exclusiva para las élites económicas, inalcanzable para el pueblo. Así, la toga —un símbolo que nació para expresar valores nobles— puede terminar siendo, paradójicamente, la fachada de un poder distante, vertical, poco empático e injusto. Desde esa perspectiva, eliminar la obligatoriedad de la toga no es un capricho ni un gesto vacío, sino una forma legítima de cuestionar símbolos que pudieran ya no representarnos. Permitir que cada ministra o ministro se pueda vestir de manera formal o con traje de gala tradicional, según su origen y convicciones, no degrada la función judicial, por el contrario, puede acercarla a una ciudadanía que por décadas ha sentido ese poder lejano y excluyente. Es evidente que el Poder Judicial requiere transformaciones mucho más profundas, aun así, este ajuste simbólico bien vale la pena reflexionarse, tomando en cuenta, además, que no representa un obstáculo para avanzar hacia esa agenda de fondo, ni mucho menos un retroceso.