Porque la historia nos dice que un Bukele y un Salinas NO caben en México (Primera parte)

Cuando se ve a Nayib Bukele desde fuera, es tentador pensar que su “modelo” podría aplicarse en México para resolver la violencia. Pero la historia, la geografía, la estructura del crimen, la ruptura institucional salvadoreña y la geopolítica continental muestran exactamente lo contrario: lo que funciona en un país pequeño, homogéneo, sin contrapesos y sin relevancia estratégica para Estados Unidos, no puede funcionar en un país continental, fragmentado y permanentemente vigilado como México. El Salvador tiene alrededor de 21 000 km²; México, casi 1.9 millones. Esa diferencia no es un detalle: es el factor que determina qué modelos son viables y cuáles provocarían colapsos institucionales o conflictos civiles. ¿POR QUÉ EL MODELO BUKELE NO ES REPLICABLE EN MÉXICO? El Salvador es más pequeño que la suma de CDMX y Edomex, y ese tamaño sí permite cercar barrios enteros, controlar todas las rutas con un solo mando, llenar cárceles hasta reventarlas o mover policías, jueces y fiscales como fichas. México, en cambio, tiene Sierra Madre, Tierra Caliente, desiertos, sierras, fronteras inmensas y regiones donde el Estado se retiró hace décadas. Copiar el modelo Bukele implicaría ocupar militarmente medio continente. También hay una diferencia crucial en el tipo de enemigo. En El Salvador las amenazas principales eran dos mega pandillas: la MS-13 y Barrio 18. Violentas sí, pero no comparables con el Cártel de Sinaloa o el CJNG. No poseen la misma capacidad financiera, ni su armamento, ni sus redes globales, ni el nivel de infiltración política que caracteriza a los cárteles mexicanos. En México el crimen organizado funciona como corporaciones transnacionales —con Sinaloa presente en decenas de países y el CJNG operando prácticamente como un ejército privado—, con redes financieras globales, estructuras paramilitares y control territorial completo en municipios y regiones. El Salvador lidió con pandillas; México convive con ejércitos privados multinacionales. LA GUERRA, LA GEOPOLÍTICA Y EL DESASTRE HEREDADO Para que el “modelo” de seguridad de Bukele funcionara, él mismo tuvo que reventar los contrapesos institucionales. La Asamblea controlada por su partido destituyó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general, impuso nuevos magistrados que reinterpretaron la Constitución para permitir la reelección inmediata y después promovieron reformas que abren la puerta a una reelección indefinida. El resultado fue un presidente con control del Ejecutivo, del Judicial, del Legislativo, del árbitro electoral y del futuro del país. No es un “modelo de seguridad”: es concentración de poder, y la historia latinoamericana ha mostrado repetidamente cómo terminan esos experimentos. Además, el “milagro” tiene un costo brutal. Organismos como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la CIDH han documentado detenciones arbitrarias masivas, tortura y malos tratos, muertes bajo custodia, condiciones inhumanas en cárceles y detención de menores en el mismo engranaje represivo. Todo bajo un régimen de excepción renovado una y otra vez, donde los derechos básicos están suspendidos de facto. A eso se suman investigaciones periodísticas que señalan pactos entre gobierno y pandillas, donde la disminución de violencia obedece tanto a la represión como a la administración del crimen desde arriba. Pero incluso si alguien quisiera hacer algo parecido en México, la geopolítica lo impediría. México no vive en el vacío: vive pegado a Estados Unidos. Es frontera, muro, corredor, bodega, filtro y mercado de la economía estadounidense. Washington depende de México para la seguridad fronteriza, el control migratorio, la contención del fentanilo, la estabilidad energética y las cadenas productivas del T-MEC. En ese contexto, un “Bukele mexicano” que intentara reventar ONGs, censurar prensa, hacer detenciones masivas o imponer un régimen de excepción permanente no sería visto muy “cool”, sino como un riesgo para la estabilidad regional. La respuesta no serían aplausos, sino presión diplomática, económica y operativa. Estados Unidos no necesita marines para presionar a México: puede suspender importaciones clave —como lo hizo con el aguacate o el mango de Michoacán—, empujar narrativas de “Estado fallido” o utilizar agencias como la DEA o la CIA para capturas selectivas, filtraciones o presión política. En Sinaloa lo hemos visto con capturas que generan caos inmediato; en Michoacán, con disputas que no solo involucran narco, sino aguacate, limón, berries, puertos y madera. A esto se suman economías paralelas como el huachicol, donde convergen crimen organizado, corrupción estatal y negocios privados. La violencia actual en México tampoco se puede entender sin mirar al periodo 2006–2018. Fue ahí donde se tomaron decisiones que desbordaron al Estado, rompieron equilibrios criminales, multiplicaron organizaciones y crearon muchos de los grupos que hoy azotan al país. Todo inicia en diciembre de 2006, cuando Felipe Calderón declara una “guerra contra el narco” sin inteligencia suficiente, sin mapa criminal real, sin depuración policial y sin un sistema de justicia capaz de absorber el impacto. Las Fuerzas Armadas fueron lanzadas a un vacío estratégico, y ese movimiento reconfiguró por completo el crimen organizado, atomizando grupos, multiplicando células y profesionalizando la violencia. Con la llegada de Peña Nieto, la situación no mejoró: maquilló cifras, ocultó fosas y “administró” la violencia mientras se proyectaba al país como modernizado. Para 2018 México ya tenía homicidios disparados, cárteles fragmentados, pero más extendidos, regiones bajo control criminal estable y policías infiltradas. Era un país destrozado desde adentro. Continuará la próxima semana…