La tragedia como coartada

El tren descarriló en Oaxaca y con él se apagaron trece vidas que ya no volverán a casa, hubo personas lesionadas, hubo confusión, hubo dolor, lo que no hubo ni podía haberlo, fueron peritajes concluidos en las primeras horas, causas definitivas ni responsables plenamente identificados. La tragedia ocurrió de madrugada; la narrativa política comenzó antes de que amaneciera. Porque en México, cuando el duelo aún no se instala del todo, siempre hay quienes se apresuran no a entender lo ocurrido, sino a construir culpables, no desde la técnica ni desde la justicia, sino desde la conveniencia política. El accidente ferroviario activó, casi de inmediato, una ofensiva discursiva desde sectores de la oposición que optaron por convertir el hecho en una herramienta de desgaste contra la presidenta Claudia Sheinbaum. No se trató de acompañar a las víctimas ni de exigir procesos técnicos rigurosos, sino de instalar una narrativa de culpa anticipada, aun cuando no existía información pericial suficiente, aun cuando los rieles no habían sido plenamente revisados, aun cuando las investigaciones apenas comenzaban. Se exigieron explicaciones inmediatas, declaraciones ampliadas, posicionamientos que fueran más allá de lo que objetivamente se sabía. Como si un descarrilamiento ferroviario pudiera resolverse en horas; como si los estudios de vía, el análisis del material rodante, las bitácoras operativas y los protocolos de seguridad fueran asuntos de opinión y no de método, en ese contexto, la prudencia institucional fue interpretada como omisión, y la espera técnica como culpa. Al no prosperar el juicio exprés, apareció entonces un recurso ya conocido: la reactivación del archivo. Imágenes de los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador fueron colocadas en la conversación pública, no como sujetos operativos ni como responsables administrativos, sino como símbolos discursivos, utilizados para sugerir una responsabilidad heredada, ajena a cualquier vínculo técnico, jurídico u operativo con el accidente. No se trató de probar nada, sino de asociar todo. Esta estrategia, más retórica que racional, revela una constante: cuando no se cuenta con elementos verificables, se recurre a la insinuación; cuando no hay datos, se apuesta al ruido; cuando no hay peritajes, se fabrica relato. Todo ello ocurre en el terreno del discurso político y mediático, no en el de la investigación técnica. Resultó particularmente evidente que los primeros en empujar esta narrativa fueron actores recurrentes: figuras políticas sin cargo vigente, opinadores de trinchera y voceros partidistas cuya presencia pública suele activarse únicamente en escenarios de crisis. No llegaron con propuestas, ni con análisis estructurales sobre seguridad ferroviaria, ni con planteamientos de mejora institucional. Llegaron con adjetivos, con exigencias absolutas y con sentencias prematuras. La ética del duelo público En toda sociedad democrática existe una frontera que no debería cruzarse: la que separa el legítimo escrutinio del aprovechamiento del dolor ajeno. La ética del duelo público exige respeto a las víctimas, tiempo para la verdad y responsabilidad en la palabra. Convertir una tragedia humana en munición política inmediata no sólo empobrece el debate, sino que degrada la vida pública. La justicia no se construye con prisas mediáticas ni con culpables prefabricados; se construye con rigor, silencio responsable y procesos verificables. Como telón de fondo apareció, además, una coincidencia que algunos no dejaron pasar por alto: días antes se había informado que el gobierno de México optó por adquirir trenes de origen europeo y no estadounidense. Nada se afirma y nada se acusa. Pero en política, incluso las coincidencias son leídas, interpretadas y utilizadas como insumo narrativo, aunque no siempre lo sean en los hechos. Lo ocurrido en Oaxaca exhibe algo más profundo que un accidente ferroviario: pone al descubierto a una oposición políticamente exhausta, cuya capacidad de intervención pública parece depender exclusivamente de la tragedia. Incapaz de articular un proyecto alternativo, de debatir modelos de desarrollo o de presentar soluciones estructurales, encuentra en el desastre su principal escenario de existencia. Las víctimas merecen justicia, no espectáculo. El país merece verdad, no ruido. Y la investigación técnica deberá seguir su curso con el tiempo, el rigor y la responsabilidad que exige una tragedia de esta magnitud. Todo lo anterior pertenece estrictamente al ámbito del análisis político y mediático, no al de la investigación técnica ni al judicial, que deberá desarrollarse con independencia, seriedad y apego a los hechos.