LA FIRMA QUE FALTA Y LA DISCAPACIDAD QUE DUELE

En Jalisco hay silencios que pesan más que las palabras, y uno de ellos aparece cada vez que alguien menciona la pensión universal para personas con discapacidad. En buena parte del país ese derecho ya es una realidad; aquí, en cambio, quedó convertido en una promesa empolvada. El mecanismo es simple: la Federación pone la mitad del presupuesto para universalizar la pensión; los estados ponen la otra mitad. Veinticuatro entidades firmaron sin rodeos. Jalisco no. No porque esté imposibilitado, sino porque decidió no hacerlo. Esa terquedad, disfrazada de “modelo propio”, dice más que cualquier comunicado. El gobierno estatal sigue presumiendo un programa propio que habla de “visión” y “autonomía”, aunque en la práctica llega a unos cuantos miles en un estado que tiene cientos de miles de personas que necesitan apoyo todos los días. Los encargados de cuidarles lo han dicho varias veces: la discapacidad no desaparece a los 30 años, pero el apoyo del gobierno estatal sí. Quienes viven con parálisis cerebral, sordera, ceguera, síndrome de Down o enfermedades degenerativas llevan años esperando una decisión elemental que no tendría por qué ser complicada ni extraordinaria, sólo coherente y humana. Mientras tanto, Pablo Lemus sigue sin explicar por qué no firma el convenio. Tiene el documento en la mesa, las cifras en la mano, los exhortos del Congreso, las protestas y las conferencias de prensa. Tiene todo salvo la voluntad. Y aunque algunos dicen que él heredó el problema, las herencias también se corrigen. Pero la imagen general tampoco ayuda: mientras aquí el tema se mantiene atorado, el exgobernador Enrique Alfaro anda en España probándose nuevas vocaciones, subiendo fotos de su vida como aprendiz de auxiliar técnico, como si la política fuera una etapa que ya dejó atrás. Nadie le niega a nadie su crisis de mediana edad, pero el contraste es inevitable y hasta cómico. Sin embargo, el problema no es un exgobernador distraído ni un gobernador evasivo: es un gobierno que en pleno 2025 se niega a asumir la responsabilidad más básica, que es garantizar derechos. No fotos, no discursos, no estrategias difusas; derechos. Una pensión no es limosna ni propaganda, es el piso mínimo de dignidad para quienes más lo necesitan, y en Jalisco ese piso sigue sin aparecer. La pregunta que flota desde hace años es por qué: por qué negarse a un convenio que casi todos ya firmaron, por qué dejar fuera a quienes más dependen del Estado, por qué seguir administrando la espera como si no costara vidas, cuidados, tiempo, salud. Quizá sea ego o simple indiferencia, pero cualquiera que sea la razón tiene consecuencias. La discapacidad no espera. La pobreza no espera. Las familias tampoco. Y justo por eso, mientras el gobierno sigue posponiendo lo impostergable, acá abajo seguiremos organizándonos. Vamos a reunir firmas, a sumar voces, a recordar que los derechos se conquistan cuando la gente se mueve, no cuando el poder decide. Si arriba falta voluntad, abajo sobra dignidad. Que cada firma sea un recordatorio de que este estado también es nuestro y que nadie tiene derecho a negar lo que miles necesitan para vivir con un mínimo de justicia. Lo único que tendría que hacer el gobierno estatal para corregir este abandono es firmar. Una firma, un acuerdo, un reconocimiento de que la vida y la dignidad están por encima de las tensiones partidistas. Jalisco merece un gobierno que entienda eso, uno que no huya ni se distraiga, uno que no se esconda detrás de tecnicismos para disfrazar la apatía. Uno que deje de prolongar el deterioro bajo la apariencia de autosuficiencia. Mientras la firma no llegue, el mensaje muy claro. En Jalisco, la discapacidad no está en la gente. Está en el gobierno.