La disputa por el poder judicial: una batalla entre el viejo régimen y la esperanza de transformación

Sección: El Gobierno de la 4T

El arranque del proceso electoral para renovar al Poder Judicial en México no es un hecho menor ni debe verse con la superficialidad con la que ciertos candidatos, intelectuales de derecha y medios lo están abordando. Lo que está en juego no es simplemente la designación de nuevos ministros, magistrados y jueces; se trata, en realidad, de una disputa de fondo entre dos proyectos de país: el del viejo régimen neoliberal (anclado en la defensa de los intereses de las élites empresariales y políticas del PRIAN) y el de un nuevo horizonte popular, democrático y soberano que comienza a emerger desde las instituciones de la Cuarta Transformación.
Desde la reforma judicial de Ernesto Zedillo en 1994, la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue secuestrada por los intereses del capital. Lejos de representar un poder equilibrante, la Corte se convirtió en un bastión de defensa del status quo, operando como un escudo legal para proteger a las élites políticas y económicas de este país. No es casualidad que durante décadas la Corte haya fallado sistemáticamente en contra de los intereses del pueblo y en favor de los grandes consorcios financieros, las transnacionales y los partidos del régimen neoliberal.
En este contexto, la elección democrática del Poder Judicial no solo es necesaria, sino urgente. Se trata de abrir las puertas de la justicia al pueblo, a juzgadores emanados del pueblo y, sobre todo, de desmontar el aparato técnico-jurídico que ha funcionado como garante de la impunidad, la desigualdad y la represión de las mayorías. Sin embargo, el proceso ya se ve amenazado por la frivolidad y la banalización con la que algunos aspirantes se han lanzado a hacer campaña: videos en TikTok, jingles populacheros, promesas absurdas. Todo esto conforma un circo electoral que, en lugar de elevar el nivel del debate, lo hunde.
A pesar de ese ruido mediático, hay perfiles que representan una verdadera posibilidad de ruptura con el viejo régimen. Entre ellos destacan figuras como Lenia Batres Guadarrama, César Mario Gutiérrez Priego, Loreta Ortiz Ahlf y Hugo Aguilar Ortiz, para citar solo a cuatro candidatos a ministros. No es casualidad que estos perfiles incomoden tanto a las voces conservadoras y a los medios hegemónicos: ellos encarnan una visión de la justicia con perspectiva social, con raíces populares, y orientada a defender al pueblo por encima de intereses frívolos de empresarios usureros, corruptores y deudores al fisco.
Lenia Batres no solo posee una sólida trayectoria jurídica y legislativa, sino que representa la voz de una izquierda combativa, congruente, y profundamente comprometida con los principios de justicia social y soberanía nacional. Su presencia en la Suprema Corte ya ha generado debates que durante décadas fueron ignorados por el servilismo judicial.

César Mario Gutiérrez Priego, con una trayectoria ejemplar en la defensa de derechos humanos en el ámbito militar y penal, es una figura que puede aportar una visión crítica al sistema judicial desde dentro. Ha defendido a quienes el sistema olvidó, se enfrentó al sistema en la defensa de la justicia y eso lo convierte en un actor imprescindible para democratizar la justicia.
Loreta Ortiz Ahlf, actual ministra, ha sido clave en introducir una visión progresista y de derechos humanos en la Corte. Su experiencia, además, se articula con una postura ética y sólida que ha incomodado a los sectores reaccionarios que prefieren una Corte sumisa y tecnócrata.
Hugo Aguilar Ortiz, con amplia experiencia en derechos constitucionales y una clara inclinación por las causas populares, representa también la posibilidad de una judicatura verdaderamente del pueblo, crítica del neoliberalismo y de la cultura de privilegios en el poder judicial.
Estos perfiles son más que buenas trayectorias; representan una posibilidad real de cambio de paradigma. En lugar de una justicia tutelada por las élites, podríamos transitar hacia una justicia social que dé respuestas a los grandes pendientes de este país: desigualdad, impunidad, violencia estructural y corrupción institucional.
Por eso, esta elección judicial es, en realidad, una batalla por el régimen. Una disputa entre los restos del viejo sistema neoliberal que se resiste a morir, y la posibilidad de construir un nuevo modelo judicial, ético, popular y comprometido con el proyecto de transformación nacional. La izquierda tiene aquí una oportunidad histórica, no solo de llegar a la Corte, sino de refundarla desde adentro.
Lo que está en juego no es solo quién juzga, sino para quién se imparte justicia.
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