La culpa es para el pueblo; la impunidad para el criminal

La verdad es que a la presidenta municipal de Guadalajara no le interesa la seguridad pública. Según estimaciones basadas en criterios internacionales, el municipio tiene un déficit de al menos mil policías, y, aun así, la alcaldesa ha decidido que los elementos disponibles sean utilizados para vigilar, detener y procesar a personas que tiran basura en la calle. En lugar de reforzar el combate a los delitos que realmente amenazan la vida y el patrimonio de la ciudadanía, este gobierno ha optado por criminalizar al pueblo para simular orden. En junio de 2025, el 73.1 % de la población de Guadalajara reportó sentirse insegura, según los datos más recientes de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI. Pero en vez de reforzar la presencia policial donde más se necesita, el gobierno municipal monta espectáculos sancionadores contra quienes tiran basura en la calle, una distracción que se vuelve grotesca cuando la percepción de inseguridad sigue siendo tan elevada. Si el gobierno realmente quisiera resolver el problema de la basura, empezaría por asumir su propia responsabilidad. En lugar de andar cazando ciudadanos con policías, debería garantizar un servicio eficiente de recolección, manejo y aprovechamiento de residuos, instalar suficientes botes de basura en zonas públicas y hacer funcionar de verdad sus famosos “puntos limpios”, que en la práctica real siempre han sido puntos sucios y focos de infección: sitios abandonados, saturados, pestilentes, donde los residuos se acumulan por días sin que nadie los recoja. Más allá de sólo castigar a quien tira basura, habría que preguntarse por qué no hay dónde tirarla. Pero no es la primera vez que el gobierno municipal culpa al pueblo para encubrir su negligencia. Cada temporal de lluvias, cuando Guadalajara se inunda, la versión oficial es la misma: “la culpa es de los ciudadanos que tiran basura y tapan las alcantarillas”, pero con ese discurso únicamente pretenden ocultar el verdadero origen del problema: que el desastre a nacido de la destrucción del equilibrio ambiental urbano, provocado por años de corrupción, urbanización salvaje y permisividad con la industria inmobiliaria. Gobernar implica asumir responsabilidades, no trasladarlas al pueblo. Criminalizar al ciudadano de a pie mientras se protege la corrupción de arriba es la receta clásica de los gobiernos anaranjados, pero habemos muchas voces que no lo dejaremos de exhibir.