La 4T contra el cobro de piso

La extorsión es un delito abominable. Un mecanismo de control y de terror que opera como una forma de esclavitud moderna. Se ha infiltrado en los mercados, las escuelas, los campos de cultivo, las cadenas de producción, las iglesias e incluso en los hogares. Y lo peor es que ha venido creciendo año con año sin freno alguno desde inicios del milenio. Hoy por hoy ─como lo dijo el fiscal general en rueda de prensa─ no existe una sola familia en el país que no haya sufrido una extorsión hacia alguno de sus miembros. La extorsión no es únicamente una pérdida económica: las víctimas viven asediadas y en acoso permanente; con el miedo constante a las consecuencias que sufrirían de no poder pagar el próximo cobro; con la impotencia de no poder denunciar por no poner en riesgo su vida; con la otra impotencia de saber que nunca podrán construir un patrimonio, pues seguramente pasaría a ser cuota del crimen organizado, que cada día podría cobrarles más. Comerciantes de todas partes se ven obligados a cerrar sus fuentes de ingreso; miles de familias son desplazadas por intentar escapar del terror. Donde hay extorsión no hay tranquilidad, no hay paz, libertad, ni dignidad. Durante años dijimos que nadie hacía nada ─incluso la Cuarta Transformación─, que todos los gobiernos miraban hacia otro lado mientras el cobro de piso se devoraba nuestra patria. Pero vaya sorpresa tan grata la que trajo consigo la presidenta el pasado domingo, por fin una política para enfrentar el problema con seriedad: la Estrategia Nacional Contra la Extorsión. ¿En qué consiste? En primer lugar, la presidenta ha enviado al Congreso una iniciativa para crear una Ley General Contra la Extorsión, que permitirá perseguir este delito de oficio. Eso significa que el Estado deberá investigar y sancionar sin necesidad de que la víctima denuncie, algo crucial cuando el miedo a las represalias ha sido la garantía de impunidad para este delito, pues ha silenciado al país entero. Antes, si no había denuncia, no había delito. Se fortalece la línea 089 para denuncias anónimas, de modo que quien desee aportar información pueda hacerlo sin exponerse. Además, se ordenará la cancelación inmediata de los números telefónicos desde los cuales se realiza extorsión, así como la cancelación de cuentas bancarias receptoras de los depósitos extorsivos. Las fiscalías estatales estarán obligadas a coordinarse con la federación para aplicar estas medidas en todo el país, a pesar de que la extorsión es un delito de fuero común. También se implementará una campaña nacional dentro de los centros penitenciarios para bloquear el uso de celulares, ya que la mayoría de las llamadas de extorsión provienen desde las cárceles. Con esto, la 4T da un paso firme y contundente contra el crimen organizado. Le quita al ciudadano la cadena de impotencia y el miedo a denunciar. Perseguir la extorsión de oficio es un acto de humanidad, de justicia, de dignidad y de congruencia que hoy debemos no sólo celebrar todas y todos, sino defender con fuerza.