La CFE vs Slim

Es muy interesante que, a falta de una verdadera contrapropuesta de la oposición en contra las leyes de la Guardia Nacional y telecomunicaciones, lo que haya brillado, tanto en redes como en las mesas de análisis, hayan sido únicamente ridículas acusaciones de espionaje y militarización. Voy a obviar estas necedades y, más bien, analizaré este importante cambio histórico a la luz de la “hermenéutica de la sospecha” de los principales agentes económicos envueltos en dichas leyes. Así como expliqué en un texto anterior, la reforma a la Guardia Nacional como un conflicto de carácter económico entre dos grandes fuerzas, Trevillo vs Harfuch, me gustaría contextualizar la batalla entre CFE vs Slim como el verdadero motor tras la reforma a las telecomunicaciones. La alta política siempre requiere de seguir el camino del dinero y a quiénes afectan o benefician los cambios. En este caso en particular, más que afectar directamente a Slim, a quién beneficia sobremanera esta ley es a la CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, pues la ley incentiva a las empresas de telecomunicaciones a invertir en infraestructura para llevar internet a las comunidades más alejadas de la urbanidad. Este es precisamente el “quid est” de la reforma, y no el cacareado espionaje brutal que espeta la oposición a los cuatro vientos. Y es que buscar que el internet para todos sea una realidad requiere de un cambio profundo en la organización del sector de las telecomunicaciones. Requiere de una vuelta del Estado al timón del futuro en esta área. Pues desde las privatizaciones de varias empresas clave (Telmex) el Estado dejó de ser el agente planeador del desarrollo del país en este sentido, y las empresas son quienes dictan en este momento quién tiene internet y quién no. Justo como pasaba cuando la CFE era privada y los ricos decidían quién podía tener luz y quién no. Como se ve, la 4T -en su dimensión económica- y en términos de Thomas Piketty, podría definirse como la lucha del Estado por construir un capital público frente a la preponderancia del capital privado. Actualmente, en estos términos el gobierno mexicano únicamente posee alrededor del 10-20% del capital nacional, y el restante se encuentra en manos de empresarios privados -ya sean nacionales o extranjeros. Para poder dimensionar esto, EUA e Inglaterra, por ejemplo, tienen cero por ciento de capital público y hasta números negativos por el déficit de sus gobiernos, mientras que el 100% de su capital es privado. Por su parte China tiene del 35-45% de su capital de carácter público y el resto es privado, pero Noruega tiene el 50-65% de su capital en carácter público y el restante es privado. Como se intuye, para Piketty, el objetivo de un país que busque una economía óptima es aspirar al modelo Noruego, por supuesto. En retrospectiva, y para que el lector tenga una idea, de los años 50 a 70s México tenía su periodo de desarrollo económico más prometedor, y en esa época la relación del capital público era del 40-50%, el resto privado. Es decir, el Estado de Bienestar, herencia de Lázaro Cárdenas, era una tremenda bomba de progreso económico. México pierde empuje precisamente en el período neoliberal, quedando estancado. México copia el modelo económico de EUA e Inglaterra por presiones político-económicas, y el nivel de competitividad, a la par del de bienestar social, se derrumba. Pero eso pasa desapercibido porque a partir de entonces nuestros padres y nosotros ahora sí podemos usar tenis Nike. Sin acceso a vivienda por el subdesarrollo en el “índice de Gini”, pero con los tenis de la palomita bien puestos. Esa es la más grande tragedia económica en la historia de nuestra gran nación. ¿Qué buscó AMLO a partir del 2018? Pues regresar poco a poco a un modelo económico que, aunque ya no sea dueño al 100% de sus principales áreas económicas estratégicas, SÍ sea por lo menos participante y socio en alguna medida. Por eso el rescate y defensa a Pemex y a la CFE, pero también a otras empresas de infraestructura clave que han caído en desgracia, como Altán Redes. Esta empresa es la que ahora se convierte en CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, y es ésta la raíz de este gran movimiento legal. La realidad es que el área de las telecomunicaciones está cerrada en la práctica a Slim. Él, aunque haya perdido alrededor del 10% de su preponderancia frente a AT&T y otras empresas extranjeras en los últimos años, sigue siendo la empresa más fuerte. Sin embargo, el papel del Estado es proveer el acceso a las telecomunicaciones a todos los mexicanos, no sólo a los de las ciudades. Por eso, ante el fracaso de la privatización de Telmex en el 2013 se creó Altán Redes, para buscar solucionar este problema. Esta empresa daba servicios a macro clientes como Izzi móvil, Megacable Móvil y Bait (de Walmart), pero cayó en bancarrota en 2021, entonces AMLO la rescató para la CFE. Ahora, con esta nueva reforma no sólo no se le permitió a Slim entrar al negocio de la televisión, sino que incluso se le puso las condiciones para que ahora invierta en las zonas rurales, o le deje el espacio a la CFE para ganarle en ese terreno. Quizá por eso hace algunos meses Slim gritaba en conferencias que al mexicano no debía dársele dádivas y apoyos gratis. ¿Sería que intentaba confrontar al gobierno de Sheinbaum? Lo que sí corre como un gran dinamitado rumor es que, de hecho, Slim será el elegido para la licitación del tren Querétaro-Irapuato. ¿Será éste su premio de consolación? La Historia nos lo dirá, sin duda.