Gentrificación y justicia urbana: un reto para la izquierda.

Desde hace décadas, la Ciudad de México ha sido referente de una izquierda que buscó garantizar derechos básicos, apostando por una política social más humana e incluyente. Desde 1997, cuando Cuauhtémoc Cárdenas asumió como el primer jefe de Gobierno electo, la ciudad ha tenido una continuidad de administraciones progresistas: Rosario Robles, Andrés Manuel López Obrador, Marcelo Ebrard, Miguel Ángel Mancera, Claudia Sheinbaum, Martí Batres y actualmente Clara Brugada. Esta trayectoria consolidó a la capital como “la ciudad de la esperanza”. Sin embargo, esa esperanza hoy enfrenta uno de sus mayores desafíos: la gentrificación, un proceso que amenaza con convertir el derecho a la vivienda en un privilegio (y ya lo está haciendo), excluyendo a miles de capitalinos y vulnerando el tejido social. Y aunque este fenómeno ocurre también en otras ciudades del país (como Guadalajara, gobernada históricamente por fuerzas de derecha, hoy por Movimiento Ciudadano y de lo que hablaremos también en próximas publicaciones) es en la capital donde la contradicción se vuelve más evidente: ¿cómo puede una ciudad progresista permitir que se lucre con uno de los derechos humanos más fundamentales? La raíz del problema El auge de la gentrificación no es fortuito. Durante los gobiernos neoliberales de 1982 a 2018, se permitió que el mercado inmobiliario operara con libertad casi absoluta. El suelo urbano dejó de verse como un bien común y fue entregado a desarrolladores privados que, bajo el amparo de políticas permisivas y corrupción al por mayor, construyeron viviendas con materiales baratos, en zonas frágiles, sin infraestructura suficiente, pero con precios elevados. A esta lógica se sumaron plataformas de renta temporal como AIRBNB, inversión extranjera sin control y el cambio discrecional del uso de suelo, lo que incrementó las rentas y expulsó a poblaciones históricas de sus barrios. Lo mismo en la colonia Roma norte y sur, que en la Doctores, en la Juárez o en la Narvarte (Que seguimos mencionando en cada artículo, pues es indignante): los precios han aumentado más rápido que los salarios. Las pensiones no alcanzan para pagar la renta en la propia ciudad donde se trabajó toda una vida. Los jóvenes deben conformarse con rentar cuartos o vivir con múltiples roomies, no por decisión, sino por necesidad. Pero es importante subrayar: el problema no son los extranjeros que migran por razones económicas y buscan una vida digna, tal como muchos mexicanos lo han hecho en otros países. El problema es un sistema que ha mercantilizado la vivienda y permitido la especulación, sumado a las medidas tan laxas y la permisibilidad que se da a todos los que interactúan con este entramado de injusticia, corrupción y despojo. ¿Y el papel de los gobiernos actuales? En la Ciudad de México, los gobiernos progresistas han tenido avances importantes en movilidad, salud y derechos humanos, pero en el tema de vivienda la deuda es clara y creciente. La especulación inmobiliaria avanza, muchas veces con complicidad o indiferencia de las autoridades de los diferentes órdenes de gobierno. Las normas del código de construcción no siempre se cumplen, incluso en zonas de alta actividad sísmica. Y aunque existen programas de vivienda social, son insuficientes frente a la magnitud del fenómeno. Por otro lado, en Guadalajara —ciudad que también experimenta una acelerada gentrificación— el panorama es más adverso. Gobiernos del PAN y, recientemente, de Movimiento Ciudadano han adoptado una visión de “modernización” que favorece a grandes desarrolladores y expulsan a comunidades enteras de sus colonias tradicionales. En nombre del progreso, se eleva el valor del suelo sin garantizar una ciudad habitable para todos. Una solución desde abajo y desde el Estado El cambio no vendrá solo desde arriba. Necesitamos una organización vecinal, amplia y pacífica, que exija regulaciones justas, transparencia en los permisos de construcción, freno a los desalojos y el respeto del uso de suelo. La comunidad tiene un papel central: sin organización no habrá regulación. Pero también es fundamental que los gobiernos progresistas (especialmente los de MORENA en la Ciudad de México y el Gobierno de México) asuman con seriedad esta crisis. Regular el precio de la vivienda, limitar las rentas turísticas, auditar los permisos de construcción, regular las rentas con base al valor catastral de los inmuebles (propuesta ya hecha por nosotros y mencionada en artículos anteriores) y recuperar el control del suelo son acciones urgentes. Esto no significa cerrar las puertas a nadie, sino garantizar que todos (migrantes o no) tengan acceso a una vivienda digna. La transformación de la vivienda debe construirse desde lo local hasta lo nacional, con una visión integral que reconozca la vivienda como lo que es y siempre debe ser: un derecho humano, no como un negocio. Una invitación a los que aspiran a gobernar A quienes hoy aspiran a candidaturas o gobiernos de izquierda, se les debe exigir claridad y compromiso. La justicia urbana no es un tema secundario: es el eje para construir ciudades humanas, seguras, diversas y equitativas. Quienes dicen levantar banderas progresistas deben asumir esta causa y proponer soluciones concretas, no limitarse a solo discursos de campaña. La gentrificación no es inevitable. Pero su contención exige voluntad política, escucha activa, trabajo comunitario y firmeza frente a intereses económicos. La izquierda tiene hoy una oportunidad histórica para reivindicar su legado o fallar donde más se esperaba de ella.