Estado fallido

La academia hegemónica suele pasar horas discutiendo contextos, factores, conceptos, ideas, argumentos, toda una pléyade de elementos lingüísticos para determinar cuáles son los discursos válidos y efectivos, así como la manera de escribirlos y expresarlos, y hasta diseñan normas casi de etiqueta para revestir el discurso. Todo escrito que no responda a sus reglas cuasi sectarias corre el riesgo de ser desacreditado, por lo menos. 
El concepto de “estado fallido” se ha convertido en piedra de toque argumental para que los organismos internacionales, la academia hegemónica, la industria de la información (los medios corporativos de comunicación), y las instancias de poder global puedan elaborar índices, listas, gradaciones, de “gobernabilidad”, pues la definición clásica para ellos consiste en la inestabilidad y la falta de capacidad de un estado para atender a su población, y el poco control práctico sobre su territorio. Esto ha servido a los países más poderosos para controlar geopolíticamente grandes zonas continentales mediante intervenciones militares, financieras, económicas, medidas de presión y sanciones comerciales. 
Si revisamos un mapa de las instituciones y organismos internacionales que dependen de esta definición clásica nos encontramos con países muy pobres, ex colonias o países del Sur global con ciertas condiciones geográficas que los convierten en zonas de interés geopolítico.
Pero poco se habla de los países o estados que han sido devastados históricamente por la voluntad de entidades externas, como el Fondo Monetario Internacional, los gobiernos de los Estados Unidos, Europa, o ese apéndice colonialista denominado Israel.

Argentina ha sufrido durante décadas de inestabilidad económica, especialmente a partir del fin de la dictadura, ya que los gobiernos de la democracia asumieron la deuda que los militares utilizaron en: compra de armas, infraestructura e instrumentos para la represión y el control social, la guerra de Malvinas, el mundial de 1978, la responsabilidad de asumir la deuda de bancos y entidades privadas, entre otros rubros. Los organismos financieros internacionales jamás se cuestionaron sobre el origen de facto del estado y la soberanía secuestrada por las armas, al contrario, como en Chile, apoyaron un programa económico neoliberal, y abrieron las líneas de crédito que hicieron que el país subiera su deuda en un 364% entre 1977 y 1983. A la llegada de la democracia se tuvieron que tomar medidas para aliviar la tensión económica, pero no hubo manera. Como en México, hubo un período de supuesta estabilidad macroeconómica, pero resultó ser una fantasía perversa que llevó a la Argentina en 2001 al llamado “corralito” (o el límite de extracción de efectivo), en el carrusel de cinco presidentes en once días que terminaron huyendo de su responsabilidad, y que derivó en la violencia institucional que dejó 38 muertos, cientos de heridos y miles de detenidos en todo el país. Cabe mencionar que el actual gobierno libertario tiene a dos miembros de ese periodo entre sus filas: Patricia Bullrich, que fue ministra del trabajo en 2001, y hoy es ministra de seguridad (mismo puesto que tuvo en la administración de Mauricio Macri); y Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, o en menos palabras, el afilador de la motosierra de Milei, que se encarga de recortar dependencias del gobierno.
Con la llegada del Peronista Nestor Kirchner hubo un período de relativa estabilidad económica, mejoraron las condiciones de vida de la población y se quiso asegurar la continuidad del proyecto postulando a Cristina Fernández, su compañera de vida, para liderarlo. 
Cristina gobernó desde 2007 hasta 2015, pero el proyecto, que por su trascendencia se le denomina Kirchnerista aun siendo parte del Peronismo, no pudo continuar, ya que su candidato, Daniel Scioli, perdió las elecciones frente al empresario y ex Alcalde Porteño Mauricio Macri, implicado en una serie de causas judiciales, algunas de las cuales fueron sobreseídas, pese a la gravedad y monto de algunas, como el caso de Correo Argentino, y que derivó en la quiebra de la empresa. 
En 2017 Macri desentierra una causa antigua, la “Causa vialidad” bajo un aparato judicial a modo, y una operación mediática liderada por “Clarín”, (el mismo diario que publicó un artículo con el título: “la bala que no salió y el fallo que sí saldrá”, en alusión al atentado que sufrió la ex Presidenta), y que culmina con una pena de seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, la sentencia llega después de que la ahora líder del Partido Justicialista (Peronismo) había decidido postularse a un cargo público. Es decir, una sentencia sobre pedido de la clase política ligada a cierto sector empresarial, y al gobierno de Milei, alineado con Estados Unidos e Israel.