Diez años de resistencia en Tonalá (Primera parte)

El 6 de junio de 2015 las personas que cotidianamente visitan el Cerro de la Reina en Tonalá encontraron que este espacio público estaba cercado. Nadie entendía por qué. A partir de esta situación la gente se reunió, preguntó, buscó diálogo. No hubo respuesta del gobierno municipal en ese momento encabezado por el priista Jorge Arana. El 22 de junio se convocó a una marcha para exigir información. Nadie imaginó el tamaño de la respuesta. Por primera vez en Tonalá se reunieron cientos de personas para reclamar el derecho a saber por qué se impedía el ingreso a un lugar de uso comunitario. En respuesta a la demanda de información el gobierno municipal hizo público que desde 2014 había cedido “en comodato o donación” al gobierno del estado las ocho hectáreas ubicadas alrededor de la cima del cerro para que ahí se edificara el complejo urbanístico de un centro artesanal rodeado de tiendas, restaurantes y áreas verdes: el “Proyecto Yolkan”.  El acuerdo de cabildo 937 del 7 de agosto de 2014 es una muestra de la forma en que sistemáticamente los gobiernos neoliberales despojaron de territorio a las comunidades. El acuerdo propone regalar un espacio público al gobierno estatal para que éste a su vez lo otorgue a intereses privados.  Si se dramatizara el acuerdo 937 sería una muestra de la picaresca del gobierno local: los regidores que votan por un proyecto que no han leído, el alcalde urgiéndolos a aceptar porque implica una inversión de muchos millones de pesos que de otra manera “se van a llevar a otro lado” y prometiendo que al municipio le tocaría el estacionamiento, el secretario que dice que el gobernador está al teléfono esperando respuesta. Este documento se encuentra en internet.  Días después de la marcha del 22 de junio, ante la falta de respuestas del gobierno municipal, las personas que siempre asistían al cerro cortaron las alambradas y retomaron pacíficamente el uso de ese espacio.  Para legitimar sus acciones el gobierno municipal invitó a las instituciones y personas afines al proyecto a simular que la decisión había sido consensuada. En una reunión pública representantes de artesanos, partidos políticos, la Canaco local, representantes de la Universidad de Guadalajara y de universidades privadas respaldaron el proyecto, no así la ciudadanía que manifestó su rechazo. El supuesto consenso no se consiguió.   Desde la conquista Tonalá ha sido objeto de saqueo: la desaparición de la propiedad comunal de la tierra, la edificación de un basurero sobre la zona arqueológica ubicada en las delegaciones de Coyula y Matatlán, la falta de servicios públicos, el transporte ineficiente, entre otras cosas. En los días posteriores al 22 de junio de 2015 la sociedad de Tonalá fue aprendiendo a organizarse para evitar un nuevo despojo. Se constituyó el Colectivo Defendamos el Cerro de la Reina en Tonalá, organización que ha sostenido la resistencia. Sin experiencia previa, enfrentando amenazas y represalias, con debates continuos para resolver los desacuerdos internos, generando recursos económicos a través de rifas, bazares y kermeses el Colectivo consiguió que el 6 de abril de 2016 el juzgado sexto de distrito en materia administrativa otorgara la suspensión definitiva al proyecto Yolkan.  Ese mismo día muy temprano el presidente municipal Sergio Chávez frente a medios de comunicación declaró que el gobierno municipal por motivación propia y como medida de sensibilidad a las manifestaciones ciudadanas se desistía del proyecto. Una manera como cualquier otra de desconocer el triunfo de la movilización ciudadana. Pese a la suspensión de Yolkan los intentos por urbanizar y privatizar este emblemático lugar no han cesado y no ha cesado el trabajo del Colectivo por evitarlo. Entre las acciones exitosas para defender el territorio que el Colectivo Defendamos el Cerro de la Reina unido a otras organizaciones de ese lugar y la Comunidad Indígena de Tonalá están: La recomendación 15/2019 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos referente al cuidado del cerro que, aunque firmada por el gobierno municipal, no ha sido cumplida.  Amparo contra el Programa de Ordenamiento Territorial que permitía el cambio de uso del suelo de la zona contigua al cerro. Con el amparo se reconoció la existencia de la comunidad indígena y su derecho a ser consultada. La reforestación, mantenimiento y riego del arbolado durante estos diez años. La redacción de una propuesta sustentada técnica y legalmente para declarar el cerro como Área Natural Protegida en su modalidad de zona de protección hidrológica, que se presentó al Congreso del Estado y a la Comisión de Saneamiento del río Santiago en respuesta al proyecto del gobierno municipal morenista que propone donar este lugar a la Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos.  En 2018 el país cambió, el gobierno municipal de Tonalá también debe hacerlo y escuchar la palabra de los ciudadanos.