Septiembre y los ciclos del poder

Septiembre no es, en la vida pública mexicana, un mes cualquiera. Se trata de una estación en la que el tiempo político se reinicia con sus tres ramas fundamentales: el Ejecutivo que rinde cuentas, el Legislativo que reabre su agenda y el Judicial que, en esta ocasión, estrena un rostro inédito. Es, pues, un mes de balances y de reacomodos. La presidenta Claudia Sheinbaum llega a este punto con un respaldo popular cercano al 74%. La cifra es significativa no solo por su magnitud, sino por su contexto histórico: ningún presidente reciente había alcanzado tales niveles al inicio de su gobierno. Este dato revela dos aspectos fundamentales. Primero, que la legitimidad presidencial continúa sostenida en los programas sociales que han constituido el eje de los gobiernos de morena. Segundo, que la identidad política de amplios sectores de la población se encuentra todavía vinculada a un proyecto de continuidad, más allá de las tensiones que conlleva. Sin embargo, la política no puede reducirse a la aprobación ciudadana. Lo que está en juego es la capacidad de la Presidenta para gobernar en medio de dilemas complejos: atender la inseguridad que erosiona la vida cotidiana, dinamizar una economía cuyo crecimiento sigue por debajo de las necesidades nacionales, y definir una relación equilibrada con Estados Unidos, en particular con Donald Trump, que ha convertido la amenaza en su forma de negociación. En este escenario, la miscelánea fiscal de septiembre se vuelve decisiva. La necesidad de financiar programas sociales y compromisos de infraestructura obliga a considerar un incremento de impuestos. Si esto ocurre, la mandataria estará invirtiendo su capital político en un terreno históricamente riesgoso: el de las reformas fiscales. La historia mexicana demuestra que, en ausencia de consensos amplios, dichas medidas suelen desgastar la relación entre gobernante y sociedad. El Congreso, por su parte, enfrenta una crisis de institucionalidad. El Senado ha mostrado una degradación de sus formas: la reciente gresca en la Comisión Permanente ilustra la pérdida de la deliberación como método. En la Cámara de Diputados, las controversias personales de su presidente empañan la función parlamentaria. Ambos episodios no son incidentes menores: representan un deterioro del equilibrio republicano, pues sin un Legislativo confiable, el Ejecutivo carece de un contrapeso eficaz y, a la vez, de un aliado legítimo para procesar las reformas que requiere. El nuevo Poder Judicial inaugura funciones en este ambiente. Su desempeño inicial será observado con atención, en especial por el desenlace de la reforma electoral. Lo que allí se decida marcará el grado en que la democracia mexicana conserve o restrinja la voz de las minorías. La independencia judicial, tantas veces reclamada y pocas veces alcanzada, será puesta a prueba desde el inicio. La lección que deja este mes es clara: los ciclos del poder no se miden por encuestas, sino por la fortaleza institucional que logre construirse. La Presidenta tiene la oportunidad de erigirse como Jefa de Estado, es decir, como la figura que trasciende la lógica de partido y convoca a un nuevo pacto de gobernabilidad. Si se avanza en esa dirección, el país podría atenuar la polarización que lo fragmenta. De lo contrario, el desgaste político se acelerará y la aprobación popular, por elevada que sea hoy, se verá socavada por la falta de resultados en los grandes problemas nacionales. El Congreso, en particular, debe recuperar la mesura y la dignidad de su función. Ni la Cámara de Diputados ni el Senado pertenecen a mayorías circunstanciales ni a caudillos de ocasión: son órganos de la República, depositarios de la soberanía popular. Su papel no es el de avivar la confrontación, sino el de deliberar con seriedad, construir acuerdos y asegurar que la ley sea un instrumento de justicia y no de revancha. La historia recordará a esta legislatura no por sus gritos ni por sus excesos, sino por su capacidad —o incapacidad— de estar a la altura del momento histórico. Septiembre nos recuerda que gobernar no es administrar el presente, sino sentar bases para el futuro. Ese es, en última instancia, el reto político y ético del poder.