Prohibir los vapeadores: el debate internacional y la ética de por medio

El gobierno de México ha decidido decantarse por una ruta legislativa claramente prohibicionista frente al cigarro electrónico, colocándose dentro del bloque de países que han optado por cerrar de manera total la puerta a su comercialización. En respuesta, la oposición ha optado por colocarse en el extremo contrario, abrazando un discurso permisivo que apela a la libertad individual de quienes desean consumir vapeadores como una decisión estrictamente personal. Mientras tanto, miles de niños y adolescentes que jamás habían fumado tabaco tradicional hoy ya consumen y/o son adictos a la nicotina por esa vía. Y ustedes qué opinan ¿qué viva la libertad, o que el Estado ejerza su poderosa mano regulatoria? EL DEBATE INTERNACIONAL Del lado pro-vapeador, estudios y políticas públicas —especialmente en Reino Unido—sostienen que el cigarro electrónico es menos dañino que el tabaco combustible y que puede funcionar como una herramienta de reducción de daños para fumadores ADULTOS que no logran abandonar la nicotina. Revisiones científicas han mostrado que el aerosol del vapeo contiene menos sustancias tóxicas que el humo del cigarro, y algunos gobiernos reportan descensos del tabaquismo asociados a su uso regulado. Sin embargo, del lado prohibicionista, organismos como la Organización Mundial de la Salud advierten que el vapeo está lejos de ser inofensivo. Subrayan que contiene compuestos dañinos, que sus efectos a largo plazo aún no están plenamente documentados y que existe un riesgo serio de normalizar el consumo de nicotina. Más aún, alertan sobre su papel como puerta de entrada al tabaquismo convencional, especialmente entre jóvenes que jamás habrían comenzado a fumar de otra forma. A ello se suma una crítica central al discurso permisivo: varios de los datos más citados provienen de un análisis de 2014 con evidencia limitada, elaborado por un grupo reducido de expertos, algunos con vínculos directos con la industria. Los países que se ubican en el espectro permisivo suelen permitir la venta de vapeadores bajo esquemas de regulación estricta: edad mínima, límites en la concentración de nicotina, restricciones severas a la publicidad y prohibiciones de uso en espacios públicos. Reino Unido, Nueva Zelanda, Canadá y, con matices importantes, Estados Unidos, han optado por esta vía, tolerando e incluso fomentando el vapeo como sustituto del tabaco en adultos, aunque enfrentando serias dificultades para evitar su penetración entre menores de edad. En contraste, el bloque prohibicionista que incluye a México, Brasil, India, Singapur y Tailandia, donde se prohíbe la comercialización y, en algunos casos, incluso la posesión. Estas naciones privilegian el principio precautorio y parten de una premisa política clara: el riesgo de crear una nueva generación adicta a la nicotina resulta más grave que el posible beneficio del vapeo como herramienta para fumadores actuales. EL CASO MEXICANO Y EL DEBATE ÉTICO Es en este contexto donde se inserta la propuesta legislativa mexicana. La reforma aprobada prohíbe la fabricación, distribución, importación y venta de vapeadores, estableciendo multas de hasta 226,000 pesos y sanciones penales para quienes participen en su comercialización. El objetivo no es perseguir consumidores, sino cerrar el mercado de un producto considerado dañino para la salud pública, particularmente para menores de edad. Aquí emerge el núcleo ético del debate: la tensión entre libertad individual y daño colectivo. La defensa del consumo parte de una premisa liberal: cada quien es libre de hacerse daño. Sin embargo, esa lógica se vuelve insuficiente cuando el acto individual produce consecuencias sociales negativas, pues la adicción no es un fenómeno aislado; implica costos sanitarios, normalización cultural y efectos de imitación, especialmente entre jóvenes. Si la libertad termina donde comienza la de los demás, entonces el daño público adquiere un peso político y moral que no puede ignorarse. Los críticos del prohibicionismo advierten que prohibir no elimina el consumo, sino que lo desplaza hacia el mercado ilegal, y sí, la historia de las drogas ofrece ejemplos de sobra. Sin embargo, el dilema ético del Estado no se agota en la eficacia inmediata. Existe una diferencia sustantiva entre tolerar pasivamente un daño y renunciar deliberadamente a prevenirlo. Aunque el mercado ilegal exista, la intervención estatal importa: no es lo mismo un producto regulado, visible y normalizado, que uno socialmente desalentado y jurídicamente sancionado. En el debate sobre el vapeo no hay argumentos infalibles ni posturas cómodas, pues existen choques entre datos científicos, argumentos filosóficos, intereses económicos y más… México ha optado por elegir la ruta no liberal, pero sí la que se acerca más a las posturas de los principales organismos internacionales de salud y también la que va más acorde con su gobierno actual de izquierda: el derecho del colectivo por encima del derecho individual. El debate sobre el vapeo también es un espejo incómodo de cómo decidimos proteger —o no— a quienes vienen detrás.