Política social, salud pública y la dialéctica del poder: la gira presidencial en Jalisco

La reciente visita de la Presidenta a Jalisco constituye un caso ilustrativo de cómo se entrelazan las políticas públicas, la estrategia política y el pulso ciudadano. En Acatlán de Juárez, supervisó el registro de la Pensión Mujeres Bienestar para mujeres de 60 a 64 años; en Tlajomulco, inauguró la primera etapa del Hospital Regional de Alta Especialidad del ISSSTE. A primera vista, actos de gobierno; en realidad, piezas de un tablero mucho más amplio. La Pensión Mujeres Bienestar es la extensión de un modelo que México conoce bien desde la década de 1990, cuando programas como Progresa u Oportunidades condicionaban transferencias monetarias para mejorar indicadores de salud y educación. La diferencia sustantiva radica en que ahora no hay condición: se otorga como derecho y se focaliza en un sector históricamente invisibilizado, el de las mujeres que han sostenido el hogar sin remuneración. Este viraje implica un reconocimiento político y económico que, en términos de capital social, es de alto rendimiento para el gobierno federal. Pero su eficacia se medirá en plazos y montos cumplidos, no en el acto de registro. En el terreno sanitario, la inauguración del hospital del ISSSTE retoma una deuda histórica: la falta de infraestructura especializada fuera de las capitales estatales. Desde la creación del ISSSTE en 1959, la expansión hospitalaria ha sido desigual; regiones completas del país han tenido que depender de traslados largos y costosos para acceder a servicios de alta especialidad. El hospital de Tlajomulco puede corregir parcialmente esa desigualdad para 380 mil derechohabientes. Sin embargo, la historia también enseña —desde el Hospital General de Alta Especialidad de Ciudad Victoria en 2007, hasta los hospitales inconclusos del Seguro Popular— que una inauguración sin personal suficiente ni abasto constante se convierte en un monumento al formalismo político. El incidente político de la jornada fueron los abucheos al gobernador Pablo Lemus. No es la primera vez que una autoridad local enfrenta rechiflas durante un acto federal; ocurrió en administraciones pasadas con gobernadores de distinto signo político. Sin embargo, el hecho adquiere relevancia en la coyuntura actual: la relación Federación–Estado en Jalisco es tensa, y el contraste entre la recepción a la Presidenta y el trato al gobernador refuerza la narrativa de que el gobierno federal goza de mayor simpatía directa que la administración estatal. Esta gira, leída en clave política, cumple tres objetivos: 1.- Consolidar un programa social emblemático en un sector con capacidad de movilización electoral. 2.- Presentar obra pública estratégica que genere impacto tangible en la vida cotidiana. 3.- Escenificar, de manera no declarada pero evidente, la superioridad política de la Federación frente al gobierno local. Pero, como advertía Narciso Bassols en su crítica a la política de obras sin sustento durante el cardenismo tardío, el prestigio del poder no se construye con discursos inaugurales, sino con el cumplimiento sostenido de la función pública. El riesgo de estas giras es que el efecto inicial se diluya si la pensión se retrasa o si el hospital funciona a medias. En síntesis, lo ocurrido en Jalisco es un ejemplo de la tensión entre forma y fondo: un aparato gubernamental que despliega símbolos de cambio, frente a la obligación de garantizar que esos símbolos se materialicen en realidades medibles. Porque en la política, como en la historia, los aplausos del presente no garantizan la gratitud del futuro.