Guadalajara se nos desgaja: la decadencia de la movilidad

Durante esta década naranja —la etapa de mayor decadencia de nuestra ciudad—, Guadalajara sufre de parálisis. No sólo porque el tráfico es cada vez más insoportable, sino porque la movilidad en general —uno de los termómetros más reveladores sobre la calidad de vida de los pueblos— se convirtió en un reflejo perfecto de nuestra decadencia: un transporte público insuficiente, inseguro y agotador; banquetas rotas y calles llenas de baches, ciclovías que prácticamente existen sólo en el centro y poniente de la ciudad… un modelo de gobierno que ve en cada servicio y en cada derecho una oportunidad de negocio. El transporte público es para nuestra ciudad lo que el sistema circulatorio es para nuestro cuerpo, es la red de venas y arterias por donde circula la vida cotidiana de la clase trabajadora, pero en Guadalajara, estas venas se encuentran colapsadas a punto del infarto. De acuerdo con el observatorio Jalisco Cómo Vamos, el porcentaje de personas que reportan que los camiones van más llenos que antes aumentó del 54% al 65% en dos años; la mayor parte de las personas viajan en camión de pie, apretadas, soportando el calor, los retrasos y en algunos casos hasta el acoso. En años recientes, el porcentaje de personas que usan el transporte público en la ciudad bajó del 57% al 40% debido a que el sistema va perdiendo cada vez más confiabilidad, comodidad, seguridad, capacidad y por si fuera poco ha incrementado su precio. El pasaje cuesta $9.50, una de las tarifas más altas del país; en CDMX por ejemplo el precio de pasaje oscila entre los $2 y los $8. El abandono del transporte público por su decadente servicio ocasiona que las personas opten por moverse en autos propios o motocicletas, con lo cual se colapsa más el tráfico e incrementa la contaminación ambiental. El problema de fondo es que el sistema no está pensado para respetar el hecho de que la movilidad es un derecho —que debe garantizar el Estado— y que el transporte público debe ser un servicio a la población. En vez de ello, quienes han gobernado en Jalisco lo ven como un negocio. El modelo de “ruta-empresa” que impulsó Movimiento Ciudadano, ya desde su nombre trae consigo explícitamente la privatización del servicio, y así, las rutas se concentran donde sus dueños las consideran rentables, no donde las personas las necesitan, y entonces el transporte “público” en Guadalajara no responde a las necesidades de la población ni opera bajo una lógica de justicia social, sino a una de rentabilidad para los dueños. Esta lógica de no ser un derecho, pero sí un negocio ha profundizado la ofensiva desigualdad que existe entre el oriente y el poniente de la ciudad. Basta con abrir la página de Mi Bici y presionar el botón “mapa” para darse cuenta de que las estaciones de bicicletas están concentradas en el centro y poniente de la ciudad, con máxima preponderancia en las colonias: Americana, Chapalita, Santa Tere y Ladrón de Guevara (sus zonas favoritas de gentrificación), pero en oriente… con la única excepción del centro de Tlaquepaque y la Av. Marcelino García Barragán —como conector de ambos municipios—, no hay absolutamente nada. Mientras el transporte público siga estando en manos de privados, por definición seguirá siendo deplorable, pues la finalidad de toda empresa es el lucro y para elevarlo se necesitan reducir costos, en otras palabras: bajar la calidad del servicio. Nuestro derecho a la movilidad no puede seguir dependiendo del margen de ganancia de unos cuantos. El Estado debe garantizarnos ese derecho, y si los piratas naranjas no pueden hacerlo: ¡que renuncien!